Derivado de la resolución de 21 procedimientos de responsabilidad administrativa por los hechos ocurridos el 12 de julio de 2017 en la obra del Paso Exprés de Cuernavaca, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso sanciones a ocho servidores públicos.
Las sanciones van desde suspensiones temporales y destituciones hasta inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos por periodos de tres meses, uno y 10 años, esto de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Entre los servidores públicos sancionados, siete están adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y uno más a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y ocupan cargos de nivel residente de obra, residente general, subdirector, director general adjunto y director general.
En febrero, la organización Impunidad Cero presentó una investigación en la que identificó, directamente, a 13 responsables administrativos por el socavón, entre ellos estaba el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, al señalar que entre sus obligaciones tenía “la responsabilidad de supervisar las labores de sus inferiores jerárquicos” y también por haber dicho que “la obra tendría una duración de 40 años”.